Tener 55 años y contar con 750 cotizaciones no es suficiente en Venezuela para optar por la pensión de vejez. El IVSS no aceptará documentos hasta que la UCV cancele la deuda por aporte patronal.
Tramitar la pensión de vejez ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se ha convertido para los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela en el cuento del nunca acabar, que aún ni siquiera empieza. A quienes se han dirigido a la taquilla del ente público no les han permitido por lo menos ingresar a la larga lista de ciudadanos que luego de haber servido al país aspiran contar con una garantía de estabilidad económica, pero que en esto tardan hasta años.
El personal de atención ha dicho que tiene instrucciones precisas de sus directivos de no recibir ni documentos ni solicitud hasta tanto la UCV no cancele la deuda que posee en este organismo por concepto de aporte patronal.
Marieva Payares ha sido testigo de esta negativa. Manifiesta que cumple a cabalidad y hasta sobrepasa los requisitos necesarios para obtener dicho beneficio, como lo es ser mayor de 55 años de edad y contar con 1.500 cotizaciones, cuando solo se requieren 750. Sin embargo, desde junio del año pasado ha sido rebotada de las oficinas del IVSS por la misma excusa de la morosidad.
"La deuda en efecto existe pero no se puede vulnerar el derecho al trabajador", confiesa el vicerrector administrativo de la UCV, Bernardo Méndez, quien explica que la razón del problema data de mucho tiempo atrás, cuando no se hizo el proceso de inscripción porque la casa de estudio contaba con un régimen diferente.
En 2002 fue cuando comenzó el proceso de registro al seguro social de todo el personal, pero hasta la fecha hay al menos 10.500 trabajadores que aún no están afiliados, del total de 23 mil personas, según manifiesta Carlos Rodríguez, representante del departamento de asistencia social de la UCV.
DEUDA MULTIMILLONARIA
Ambas autoridades universitarias indican que la acumulación multimillonaria de los pasivos ha tratado de solucionarse en mesas técnicas entre el Ministerio de Educación Superior, el Seguro y la UCV.
Es la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) la encargada de mediar el conflicto, "y de hecho ya se nombró a una persona (Mercedes Rodríguez) para que establezca la comunicación, mientras tanto nosotros estamos haciendo las retenciones correspondientes al Seguro Social y se están depositando al día, hay constancia escrita de esto", agrega Méndez.
Rodríguez rechaza que en la OPSU se esté tratando de gestionar solo los documentos del personal obrero mientras que la población docente está siendo discriminada. Dice que ya las denuncias se han llevado a la Fiscalía 89 y hace días hubo una visita en la universidad de la Defensoría del Pueblo.
Payares se muestra molesta e inconforme por la injusticia que se está cometiendo con ella y con sus colegas que se encuentran en similares circunstancias, pues considera que sus derechos son atropellados. "Trabajé 24 años en la administración pública.
Del año 1974 a 1980 en el Instituto Nacional de la Vivienda y desde 1981 hasta 2001 en la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, donde, por la naturaleza del cargo que ocupaba en ese momento me vi obligada renunciar con 45 años de edad, perdiendo así la posibilidad de jubilación, pero ya tenía la totalidad de las cotizaciones necesarias para la pensión de vejez cuando cumpliera los 55 años.
Desde el año 2005 y hasta la presente fecha, la UCV ha venido efectuando el descuento en nómina de la cuota por concepto de mi afiliación en el IVSS, por lo cual hoy día cuento con el doble de cotizaciones necesarias para la solicitar dicha pensión", acota Payares.
