En sendas comunicaciones dirigidas al coronel Carlos Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y a Jesús Martínez, ministro del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia Carlota García Arocha, exige a ambos funcionarios se le garantice a los docentes y empleados administrativos su derecho constitucional a la seguridad social.
La comunicación, fechada el 11 de noviembre pasado, se origina a raíz de la recepción del oficio Nro. 2.726 de fecha 23 de octubre de 2014, en el que Marjorie J. Cadenas R., en su condición de directora de la OPSU, devolvió a la UCV 81 expedientes emitidos por esta Casa de Estudios, correspondientes a la solicitud de recursos para honrar los compromisos pendientes con su personal docente, administrativo, profesional y obrero, con motivo de la pensión de vejez por ante el IVSS.
En la referida comunicación, se participa a la UCV que el IVSS informó el día 01/10/2014 que no recibirá expedientes correspondientes al personal administrativo y docente pertenecientes a la UCV y que solamente aceptará al personal obrero, expedientes que deben consignarse en digital debidamente desglosados según la contingencia solicitada (vejez, sobreviviente, invalidez y/o incapacidad”.
Ante esta nueva información los técnicos de la UCV se volcaron a analizar la situación por lo que en la comunicación de la rectora se precisa “ que una cosa es cumplir con un requisito administrativo y de forma como lo es la digitalización de los expedientes para el personal obrero, y otra muy distinta es la negativa y privación de la seguridad social al resto de los trabajadores de la UCV, esto es, el hecho de que los docentes, profesionales y administrativos que laboran en esta Casa de Estudios no estén inscritos en el IVSS, además de que el concepto de obrero fue radicalmente abolido de nuestra legislación, ya la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras de mayo de 2012, no hace distinción alguna entre empleados o personal obrero.
“Es claro que con tal negativa del IVSS, se le estaría privando a estos trabajadores activos y personal jubilado de la UCV, de su legítimo derecho constitucional a la Seguridad Social».
Dice la carta de la rectora García Arocha que ante la situación ilegal e inconstitucional a la que fue sometido el personal docente, profesional y administrativo adscrito a la UCV, en razón de que se encuentran privados de estar inscritos y cotizando al IVSS en el caso del personal activo; y suspendido el correspondiente trámite de la pensión de vejez por ante dicho Instituto, para el caso del personal ya jubilado, es por lo que a través de la presente comunicación se le solicita al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social que en su condición de máximo garante de la seguridad social ordene al inscribir en el IVSS al personal antes descrito a los fines de que se le garantice finalmente su derecho constitucional a la seguridad social, o en su defecto, se verifiquen todos y cada uno de los expedientes antes discriminados y de esta manera pueda concretarse el pago de la pensión de vejez que les asiste y les corresponde legal y constitucionalmente.
Las fallas en el suministro de gasoil que se vienen presentando desde hace un mes, han obligado, de nuevo, al Departamento de Transporte a suspender desde hoy 15 de diciembre el servicio en las rutas urbanas y extraurbanas.
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